El caso comenzó a investigarse en 2016, cuando se descubrió que la banda estaba captando extranjeros, principalmente colombianos, dominicanos y peruanos, entre otros.
A ellos se les ofrecía tramitar una identidad chilena por medio de falsos testigos, los que concurrían a diversas oficinas del Registro Civil junto a quienes se beneficiaban con este trámite.
Entonces, indicarían que han presenciado hace más de 20 años el nacimiento de las personas en campamentos gitanos, evento que nunca habría sido inscrito.
Con esto, solicitaban el trámite para conseguir la cédula de identidad, la que permitía el acceso a beneficios sociales. Sin embargo, su uso más notorio sería el de ingresar a países de la Unión Europea y Norteamérica para delinquir.
El fiscal Sergio Moya, destacó que el fallo es importante “por los compromisos del Estado de Chile con organismos y estados extranjeros, entre los cuales está el deber de velar por mecanismos estrictos para la obtención de identidad”.
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