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TESTIMONIO DE UN EXGENERAL: El gobierno de Trump planeó golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela

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sábado, 26 de enero de 2019

El gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones.

Establecer contactos clandestinos con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dado su largo historial de intervenciones encubiertas en toda América Latina. Muchas personas de la región aún sienten un gran resentimiento contra Estados Unidos por haber respaldado rebeliones, golpes de Estado y complots en países como Cuba, Nicaragua, Brasil y Chile, así como por haber guardado silencio ante los abusos que los regímenes militares cometieron durante la Guerra Fría.

En respuesta a las preguntas sobre esas conversaciones secretas, la Casa Blanca señaló mediante un comunicado que era necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia” con el fin de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro”.

Sin embargo, un comandante militar de ese país que estuvo involucrado en las conversaciones difícilmente puede ser considerado como un emisario democrático: está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense.

Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados por Washington de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero que Estados Unidos considera como una organización terrorista.

La mayoría de los líderes latinoamericanos están de acuerdo en que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, es un gobernante cada vez más autoritario que arruinó la economía de su país ocasionando una escasez extrema de alimentos y medicinas. El colapso desató el éxodo de los venezolanos desesperados que escapan por las fronteras, y con ello abruman a los países vecinos.

Al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado. No obstante, la disposición del gobierno de Trump de reunirse varias veces con oficiales rebeldes que pretenden derrocar a un mandatario de este hemisferio podría resultar políticamente contraproducente.

Desde hace mucho tiempo, Maduro ha justificado su autoritarismo con la afirmación de que los imperialistas de Washington están intentando destituirlo de manera activa, y las reuniones secretas podrían proporcionarle argumentos para cambiar la postura de la región que, en general, se muestra en su contra.
Maduro en un consejo de ministros realizado en Caracas, este mes. La mayoría de los líderes latinoamericanos están de acuerdo en que es un gobernante cada vez más autoritario que ha arruinado la economía de su país. CreditPalacio de Miraflores

“Esto caerá como una bomba” en la región, comentó Mari Carmen Aponte, quien fungió como la principal diplomática en asuntos de América Latina durante los últimos meses del gobierno de Barack Obama.

Además del complot golpista, el gobierno de Maduro ya ha eludido varios ataques a pequeña escala, entre ellos una descarga de artillería desde un helicóptero el año pasado y un dron que explotó mientras pronunciaba un discurso en agosto. Los ataques han contribuido a la idea de que el presidente es vulnerable.

Los militares venezolanos buscaron tener acceso directo al gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama, pero fueron rechazados, señalaron los funcionarios.

Después, en agosto del año pasado, el presidente Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, una afirmación que atrajo el repudio de los aliados de Estados Unidos en la región, pero que animó a los militares rebeldes venezolanos a comunicarse con Washington una vez más.

“Ahora era el presidente quien lo decía”, señaló el excomandante venezolano que se encuentra en la lista de sancionados durante una entrevista, quien habló con la condición de conservar su anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de Venezuela. “No iba a dudar de la información si provenía de ese mensajero”.

Durante una serie de reuniones secretas en el extranjero —que comenzaron el otoño pasado y continuaron este año— los militares le dijeron al gobierno estadounidense que representaban a varios cientos de miembros de las fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con el autoritarismo de Maduro. Le pidieron a Estados Unidos que les proporcionara radios cifrados, pues aseguraron que necesitaban comunicarse de manera segura, mientras desarrollaban un plan para instalar un gobierno de transición liderado por el Ejército con el fin de gestionar el país hasta que pudieran convocar elecciones.

Los funcionarios estadounidenses decidieron no proporcionar el material de apoyo y los planes se vinieron abajo después de un operativo de represión en el que se detuvo a decenas de conspiradores.

El recuento de las reuniones clandestinas y los debates políticos que las precedieron se elaboró a partir de entrevistas con once funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, además del excomandante venezolano. Este dijo que por lo menos tres grupos distintos dentro de las fuerzas armadas venezolanas habían conspirado contra el gobierno de Maduro.

Uno estableció contacto con el gobierno estadounidense a través de la embajada de Estados Unidos en una capital europea. Cuando se informó a Washington sobre este acercamiento, los funcionarios de la Casa Blanca se mostraron intrigados pero recelosos. Les preocupaba que la solicitud de reunirse pudiera ser una trampa para grabar clandestinamente a algún agente estadounidense mientras al parecer conspiraba contra el gobierno venezolano, señalaron los funcionarios.

Un grupo de venezolanos hacía fila en Caracas para comprar alimentos subsidiados por el gobierno, en mayo. El país sufre una escasez extrema de alimentos y medicinas. CreditMeridith Kohut para The New York Times

No obstante, conforme la crisis humanitaria de Venezuela empeoraba el año pasado, los estadounidenses decidieron que valía la pena correr el riesgo con el fin de tener un panorama más claro de los planes y los oficiales que buscaban destituir a Maduro.

“Después de muchas discusiones, acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos”, comentó un funcionario gubernamental de alto nivel que no tiene autorización para hablar sobre las reuniones secretas.

Al principio, el gobierno consideró enviar a Juan Cruz, un agente veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que recientemente renunció a su puesto como principal autoridad normativa de la Casa Blanca en asuntos de América Latina. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca dijeron que sería más prudente enviar a un diplomático de carrera.

Le pidieron al enviado estadounidense que asistiera a las reuniones “solo para escucharlos”, y no le dieron autorización para negociar ningún asunto importante durante estos encuentros, de acuerdo con un funcionario de alto nivel del gobierno.

Después de la primera reunión, que tuvo lugar a finales de 2017, el diplomático informó que los venezolanos no parecían tener un plan detallado y se habían presentado con la esperanza de que los estadounidenses llegaran con ideas o directrices de apoyo.

El excomandante venezolano señaló que los rebeldes jamás pidieron una intervención militar por parte de Estados Unidos. “Jamás acordé ni se propuso un operativo conjunto”, precisó el excomandante.

Agregó que él y sus colegas consideraron llevar a cabo su plan el verano pasado, cuando el gobierno suspendió los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, e instaló la Asamblea Nacional Constituyente que es leal a Maduro. No obstante, dijo que abortaron el plan por temor a que sucediera una masacre.

Después planearon hacerse con el poder en marzo, relató el exmilitar, pero el plan se filtró. Finalmente, los disidentes decidieron que ejecutarían la operación durante las elecciones del 20 de mayo, fecha en que Maduro fue reelecto. Pero una vez más, se corrió el rumor de que los conspiradores se estaban preparando y tuvieron que detener sus planes, aunque no hay pruebas de que el presidente supiera que los golpistas habían contactado a los estadounidenses.

Para que cualquiera de los complots funcionara, explicó el excomandante, él y sus colegas creían que era necesario detener a Maduro y a otros personajes principales del gobierno al mismo tiempo. Para lograrlo, los funcionarios rebeldes necesitaban un medio para comunicarse en forma segura. Hicieron su petición durante la segunda reunión con el diplomático estadounidense, que sucedió el año pasado.
Legisladores en Caracas, el mes pasado. Los golpistas se sorprendieron cuando el gobierno instaló una nueva Asamblea Nacional Constituyente, leal a Maduro. CreditCristian Hernández/EPA vía Shutterstock

A su vez, el enviado comunicó la petición a Washington, donde fue rechazada por los altos funcionarios. “Quedamos frustrados”, comentó el excomandante venezolano. “No hubo seguimiento. Me dejaron esperando”.

Después el diplomático estadounidense se reunió con los conspiradores por tercera ocasión, a principios de este año, pero no lograron obtener una promesa de ayuda material ni una señal clara de que Washington apoyaba los planes de los rebeldes, según el excomandante venezolano y varios agentes estadounidenses.

Aun así, los venezolanos consideraron las reuniones como una aprobación tácita de sus planes, argumentó Peter Kornbluh, historiador del Archivo Nacional de Seguridad en la Universidad George Washington.

“Estados Unidos siempre ha mostrado interés en conocer información de inteligencia sobre posibles cambios de liderazgo en los gobiernos”, dijo Kornbluh. “Pero tan solo el hecho de que un diplomático estadounidense se presentara a una reunión como esa probablemente se percibiría como un espaldarazo”.

En su comunicado, la Casa Blanca dijo que la situación en Venezuela era “una amenaza para la seguridad y la democracia en la región”, y señaló que el gobierno de Trump seguiría reforzando una coalición de “aliados afines y sensatos, de Europa a Asia y a las Américas, para presionar al régimen de Maduro con el fin de restablecer la democracia en Venezuela”.

Agentes estadounidenses han citado abiertamente la posibilidad de que las fuerzas armadas de Venezuela puedan tomar medidas.

El 1 de febrero, Rex Tillerson, que en ese entonces era secretario de Estado, ofreció un discurso en el que dijo que Estados Unidos no había “promovido un cambio de régimen ni la destitución del presidente Maduro”. Sin embargo, en respuesta a una pregunta, Tillerson indicó la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado militar.

“Cuando las cosas estén tan mal que el mando militar se dé cuenta de que ya no puede servir a los ciudadanos, encontrará la forma de realizar una transición pacífica”, comentó.

Días después, Marco Rubio, el senador de Florida que ha buscado influir en el enfoque del gobierno de Trump sobre Latinoamérica, publicó una serie de tuits que animaron a los disidentes de las fuerzas armadas venezolanas a derrocar a su presidente.
Un grupo de venezolanos que esperaba para registrarse ante las autoridades migratorias brasileñas en abril. El colapso económico ha desencadenado un éxodo de venezolanos desesperados.CreditMeridith Kohut para The New York Times

“Los soldados comen lo que encuentran en los botes de basura y sus familias sufren hambre mientras Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean la asistencia humanitaria”, escribió Rubio. Después añadió: “El mundo apoyaría a las fuerzas armadas de #Venezuela si decidieran proteger al pueblo y restablecer la democracia con la destitución de su dictador”.

Durante su época como director de políticas de la Casa Blanca para América Latina, Cruz les envió un mensaje a los venezolanos durante un discurso en abril. Se refirió a Maduro como “demente”, Cruz dijo que todos los venezolanos debían “instar a las fuerzas armadas a respetar el juramento que hicieron de desempeñar sus funciones”, dijo. “Cumplan con su promesa”.

Conforme empeoraba la crisis en Venezuela en años recientes, los funcionarios estadounidenses debatieron los pros y los contras de establecer diálogos con facciones rebeldes de las fuerzas armadas.

“Eran diferencias de opinión”, dijo Aponte, la exdiplomática principal en materia de Latinoamérica del gobierno de Obama. “Había gente que le tenía mucha fe a la idea de que podían aportar estabilidad, ayudar a distribuir alimentos y trabajar en cuestiones prácticas”.

No obstante, otros —entre ellos Aponte— vieron los riesgos de establecer vínculos con líderes de las fuerzas armadas que, según el análisis de Washington, se habían convertido en un pilar del tráfico de cocaína y los abusos a los derechos humanos.

Roberta Jacobson, una exembajadora en México que antecedió a Aponte en el puesto de funcionaria principal del Departamento de Estado para políticas de Latinoamérica, dijo que, aunque desde hace mucho Washington considera que las fuerzas armadas venezolanas sufren de “corrupción generalizada, están muy involucradas en el narcotráfico y son despreciables”, ella pensaba que valía la pena establecer un canal diplomático extraoficial con algunos de sus miembros”.

“Dada la descomposición extendida de las instituciones venezolanas, se tenía la idea de que, aunque no necesariamente eran la respuesta, cualquier tipo de resolución democrática habría tenido que incluir a las fuerzas armadas”, dijo Jacobson, quien renunció al Departamento de Estado a principios de este año. “La idea de escuchar a los líderes de esos lugares, sin importar qué tan indeseables resulten, es esencial para la diplomacia”.

Sin importar cuál sea la lógica, sostener discusiones con los golpistas podría hacer sonar alarmas en una región con una lista de intervenciones infames: la invasión fallida de la CIA en Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro en 1961; el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Chile en 1973, que llevó a la larga dictadura militar de Augusto Pinochet, o el apoyo encubierto del gobierno de Reagan a los rebeldes de derecha conocidos como los Contras en Nicaragua durante la década de 1980.

En Venezuela, un golpe de Estado en 2002 destituyó brevemente a Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. Estados Unidos sabía que se estaba gestando un complot, pero lo desaconsejó, de acuerdo con documentos clasificados que más tarde se hicieron públicos. El golpe de Estado tuvo lugar de cualquier forma y el gobierno de Bush abrió un canal de comunicación con el nuevo líder. Los funcionarios estadounidenses después se distanciaron del nuevo gobierno debido a que creció el descontento del pueblo con el golpe de Estado y los países de la región lo denunciaron claramente. Chávez fue restituido como presidente.

En el complot más reciente, el año pasado había de 300 a 400 miembros de las fuerzas armadas vinculados con el plan, pero esa cantidad se redujo a casi la mitad después de las enérgicas medidas emprendidas por el gobierno de Maduro este año.

Al excomandante venezolano le preocupa que los casi 150 compañeros que han sido detenidos puedan ser torturados. Lamentó que Estados Unidos no proveyera los radios a los rebeldes, pues cree que eso pudo haber cambiado la historia del país.

“Estoy decepcionado”, dijo el exgeneral. “Pero soy el menos afectado. Yo no soy prisionero”.

EE.UU. se reunió con militares venezolanos para planear un golpe contra Maduro : The New York Times

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sábado, 8 de septiembre de 2018



El artículo cita a un exmilitar venezolano, en carácter de anonimato, y a funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca no afirmó ni negó la información.

La Administración de Donald Trump habría establecido contacto con militares venezolanos para planear un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

Un artículo publicado este sábado por The New York Times dio la información basada en una entrevista, en carácter de anonimato, con un excomandante militar venezolano que ha sido "sancionado" por el Gobierno estadounidense.

Según el diario, Washington decidió establecer un "canal clandestino" con golpistas, lo que confirmaría las reiteradas denuncias del presidente Maduro sobre la injerencia del Gobierno estadounidense para tratar de derrocarlo por una vía violenta.

La Casa Blanca no respondió los cuestionamientos del diario sobre el asunto, pero emitió un comunicado para afirmar que el Gobierno estadounidense está dispuesto a establecer un "diálogo con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia" para "traer un cambio positivo a un país que ha sufrido".

El reporte asegura que los funcionarios estadounidenses decidieron al final "no ayudar" a los golpistas porque uno de los que estaba al mando de la operación había sido acusado por Washington de "una amplia gama de crímenes graves".

Acusaciones

El 4 de agosto pasado se perpetró en Caracas un atentado fallido contra el presidente Maduro, en medio de un acto con militares. Después del incidente, el mandatario venezolanos destacó que las primeras investigaciones "indican que varios de los responsables intelectuales financistas" de esa operación residen en el estado de Florida, EE.UU.

En el artículo publicado hoy, el diario estadounidense acusa a Maduro de ser un "gobernante cada vez más autoritario" y lo señala de ser el responsable de "una escasez extrema de alimentos y medicinas", sin nombrar el peso que han tenido las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington para bloquear financieramente a Caracas e impedir que pueda importar bienes de consumo prioritario.

No obstante, asegura que la confirmación de la participación de EE.UU. en el complot, le da "municiones" al mandatario venezolano para "debilitar la posición casi unida de la región en su contra".

Mari Carmen Aponte, una diplomática que llevó los asuntos latinoamericanos durante la Administración Barack Obama, consideró que la revelación iba a "aterrizar como una bomba" en la región. La exfuncionaria aseguró que esos mismos militares intentaron conversaciones con el Gobierno anterior pero supuestamente "fueron rechazados".

La "opción militar"

Según The New York Times, la declaración que alentó a los golpistas fueron las palabras del presidente Trump, quien dijo el año pasado que EE.UU. tenía una "opción militar" para Venezuela.

El exmilitar desertor que estaba al frente de la operación golpista afirmó que no tuvo dudas de llevarla a cabo cuando vio al "comandante en jefe" diciendo eso. Las reuniones clandestinas iniciaron el año pasado y los insurrectos pidieron apoyo a EE.UU. con radios cifradas mientras elaboraban el plan que, de tener éxito, instauraría en el país un "Gobierno de transición".

El diario estadounidense asegura que el apoyo no se materializó y que los planes se cayeron cuando varios de los conspiradores fueron arrestados por las autoridades venezolanas.
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La ruta del golpe contra Venezuela comienza en ExxonMobil

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lunes, 7 de agosto de 2017


El dato temporal

Es 18 de abril. El clima político está signado por la densidad que impone el tono altamente confrontativo y pre-bélico de la oposición venezolana un día antes de una actividad ("Plantón") convocada en varios estados del país, donde nuevamente proyectaban hechos de violencia, destrozos y choques con las fuerzas de orden público.

El presidente Nicolás Maduro toma la palabra a horas de la noche desde Miraflores. Junto al jefe del CEO-FANB y Ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, el vicepresidente Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, anuncia la activación del Plan Zamora para garantizar el orden y seguridad interna de Venezuela.

La decisión fue motivada por un comunicado del Departamento de Estado de EEUU, publicado esa misma noche. En el texto apoya abiertamente la violencia generada por grupos de choque afiliados a la agenda opositora durante "El Plantón", intimidando a actores claves de la institucionalidad militar y judicial venezolana de permitir estos hechos para evitar ser objeto de sanciones a futuro.

Entre otros elementos importantes el texto acusó -sin ninguna prueba- al aparato de seguridad, específicamente al Cicpc y al Sebin, de hacer uso de la tortura y a los cuerpos de seguridad del Estado de avalar la incursión de "los colectivos" en "la represión" de los manifestantes.

"El Plantón" del antichavismo el 19 de abril dejó cuatro personas asesinadas en distintos estados del país, entre ellos un sargento de la GNB en San Antonio de Los Altos.

¿Quién es el mandamás del Departamento de Estado de EEUU?

El actual Secretario de Estado de Estados Unidos -mandamás de la política exterior- es Rex Tillerson, ex gerente general de ExxonMobil. Tillerson ocupó el máximo puesto directivo de la empresa cuando el ex presidente Hugo Chávez tomó la decisión de nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco donde ExxonMobil tenía importantes proyectos.
Bajo el mando de Tillerson la empresa estadounidense decidió no renegociar sus proyectos petroleros como el de Cerro Negro en Monagas con la estatal Pdvsa, a partir de las nuevas directrices de la nacionalización. ExxonMobil demandó a Pdvsa ante el Ciadi -Tribunal del Banco Mundial encargado de resolver diferencias relativas a inversiones-, buscando obtener una indemnización de 20 mil millones de dólares inicialmente en el año 2007.

Luego de casi una década de choques legales, revisiones y apelaciones a distintos fallos, el 10 de marzo de 2017 el Ciadi decidió que la demanda de ExxonMobil contenía visos de irregularidad y liberó a Pdvsa de pagar las indemnizaciones solicitadas. ExxonMobil sufrió quizás la mayor derrota legal de su historia con este fallo a favor de Pdvsa.

Los políticos marca Exxon

ExxonMobil -así como cualquier otra empresa de estatura global con origen en Estados Unidos- contrata políticos para que ejerzan influencia a lo interno de la estructura de gobierno de Estados Unidos en función de sus intereses. El llamado cabildeo (o lobby) es totalmente legal en este país y las empresas que buscan modificar o aprobar leyes para su beneficio (exención de impuestos, eliminación de regulaciones, subvenciones del gobierno federal, etc.) pagan grandes sumas de dinero a políticos (en su gran mayoría republicanos en el caso de ExxonMobil) y firmas de lobby.

Según Open Secrets, nada más en el ciclo 2016, ExxonMobil invirtió recursos financieros en más de una veintena de políticos con estos fines. Entre ellos se encuentran Donald Trump (actual presidente de los Estados Unidos, quien designó a Rex Tillerson como Secretario de Estado) con 25 mil 461 dólares, Marco Rubio con 17 mil 701 dólares y Ed Royce con 7 mil 500 dólares.

Marco Rubio (Senador por el estado de Florida) y Ed Royce (representante por California) no sólo han hecho de las sanciones contra Venezuela un punto clave dentro de su agenda legislativa, también se han reunido -en varias oportunidades- con dirigentes de la oposición venezolana (Luis Florido, Lilian Tintori, Freddy Guevara, entre otros) para darles apoyo político y aval diplomático a la agenda de derrocamiento que dirigen en el terreno.

Ley S.3117: apoyo financiero a la oposición venezolana

Según el mismo portal Open Secrets, durante 2016 ExxonMobil fue una de las empresas que pagó (la página no especifica el monto) por el cabildeo de la ley S.3117 (Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de la Ley de Asignaciones de 2017), la cual establece los fondos y objetivos políticos de las operaciones del Departamento de Estado en países claves para Estados Unidos.

El dinero filtrado a agencias como la NED o la Usaid parten de ese instrumento legal. El 3 de mayo de 2017, bajo el mando del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan (otro político financiado por ExxonMobil en 2016 con 14 mil 025 dólares), la ley fue sancionada.

El patrocinante de esta ley, encargado de presionar por su ejecución acorde a las directrices de sus financistas, fue el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, según la página oficial del Congreso de Estados Unidos.

En el informe del Senado sobre la ley, se destaca la importancia de que el Departamento de Estado de EEUU financie grupos opositores venezolanos (bajo la cobertura de ONGs de la sociedad civil) con 5 millones 500 mil dólares y otros fondos adicionales para llevar a cabo reformas políticas y económicas en el país latinoamericano. A su vez plantea la importancia que "las organizaciones regionales desempeñan en el fomento de las reformas en Venezuela, en particular la Organización de los Estados Americanos", además de aumentar los apoyos de la Iniciativa de Seguridad Energética en el Caribe para incidir negativamente en las alianzas políticas y petroleras de Venezuela con el Caribe.

El Secretario de Estado Rex Tillerson, en consonancia con el documento, comentó el 20 de abril: "Estamos observando de cerca lo que ocurre en ese país y trabajando con otros, especialmente a través de la OEA, para comunicarles nuestras preocupaciones", seguramente refiriéndose a Luis Almagro como enlace y operador clave de la estrategia de presión gringa desde la OEA.

Particularmente el bloque caribeño ha impedido que los aliados de EEUU desde dicha organización consoliden definitivamente el aislamiento internacional de Venezuela.

Pero el ataque contra Venezuela por el Caribe pone de manifiesto una clave geopolítica: Petrocaribe es una instancia que Estados Unidos necesita derribar con urgencia no sólo para quebrar las alianzas internacionales de Venezuela, sino para transformar al Caribe en un poderoso puerto de importación de gas licuado estadounidense (ExxonMobil es una de las principales empresas exportadoras), que conlleve a la dominación energética y geopolítica del continente. El golpe contra Venezuela es una maniobra para asegurar al continente como zona de influencia exclusiva ante la penetración de capitales e inversiones rusas y chinas.

Destaca que Graham durante la visita oficial de Juan Manuel Santos a la Casa Blanca a mediados de mayo, ofreció públicamente armamento de guerra a Colombia tanto para disuadir a Venezuela como para preparar al país vecino ante un eventual "emergencia humanitaria" o conflicto armado.

Intereses en el petróleo venezolano

Como fue comentado en este portal anteriormente, las reservas de petróleo de ExxonMobil han sufrido grandes reducciones producto de las sanciones contra Rusia y el envejecimiento de pozos estratégicos en Medio Oriente, realidad que afecta su capitalización bursátil y su dominio sobre el mercado petrolero.

Esta urgencia lleva a ExxonMobil a buscar bajo mecanismos extralegales conquistar las ingentes reservas de petróleo y gas ubicadas en el Esequibo utilizando al gobierno guyanés, zona reclamada por Venezuela como parte de su soberanía territorial ante la ONU.

Pero sin lugar a dudas la incesante búsqueda por explotar esos petróleo y gas expresa el objetivo superior de recolonizar la Faja Petrolífera del Orinoco, bajo el formato de apertura petrolera que dominó en Venezuela durante la última etapa del siglo XX. Conquistar y asegurar como fuente de abastecimiento pleno las más grandes reservas de petróleo del mundo, en un contexto de agresiva competencia entre empresas petroleras y sus intereses geopolíticos, se vuelve una necesidad cada vez más urgente de satisfacer para ExxonMobil.

Y para cristalizar ese objetivo es necesario un cambio de gobierno. Un importante grupo de expertos (también conocido como tanque de pensamiento), llamado Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, sus siglas en inglés), elaboró el pasado mes de marzo un conjunto de recomendaciones al gobierno de EEUU en el marco de este propósito.

En resumidas cuentas, las opciones viables para lograr un cambio de gobierno en Venezuela (que desde principios del siglo XX moldea la política exterior de Estados Unidos) consisten en aumentar las sanciones contra dirigentes claves del chavismo, presionar diplomáticamente desde la OEA utilizando a países fronterizos como Colombia y Brasil, y exigirle a China y Rusia que retiren su apoyo al Gobierno venezolano para agudizar el aislamiento.

La Administración Trump ha cumplido la gran mayoría de estas propuestas presentadas por CFR como rutas políticas para apoyar la agenda de golpe de Estado en Venezuela. Las sanciones contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, las presiones del Departamento de Estado desde la OEA y las últimas sanciones contra el TSJ son muestra de ese compromiso, o al menos, de que efectivamente CFR tiene influencia en ciertas decisiones de la Casa Blanca.

CFR es financiado también por ExxonMobil.

Amenaza de sanciones contra Pdvsa

El domingo 4 de junio la agencia internacional Reuters filtró comentarios de supuestos altos funcionarios de la Casa Blanca, con respecto a sanciones que se estarían evaluando contra el sector petrolero nacional.

Según Reuters se han encargado a colaboradores del presidente Donald Trump presentar recomendaciones para sancionar al sector petrolero venezolano "si fuese necesario".

Dado que el 95% de los ingresos en divisas de Venezuela provienen de Pdvsa, recursos vitales para el pago de deuda externa e importaciones de alimentos y medicinas, un posible embargo petrolero o en su defecto sanciones que impidan la exportación petrolera hacia Estados Unidos y la inversión de empresas extranjeras (amenazadas con suspensión de licencias para operar en EEUU), sería un fuerte golpe al plan de recuperación económica del Gobierno venezolano y a la población en general al paralizar una importante fuente de ingresos.

Una medida que traería alto costos políticos para EEUU (que se esfuerza por convencer a la opinión pública que busca el bienestar de la población venezolana) y una reversión de sus efectos en la práctica en el mediano plazo, ya que muy probablemente las ventas de petróleo a China o la India, que hoy representan el 60% de los destinos de exportación de Pdvsa, aumentarían considerablemente.

No es por mera casualidad que estas amenazas se filtren cuando la capacidad de movilización de la oposición venezolana muestra signos de desgaste, mostrándose imposibilitada ante el país y la comunidad internacional de transformar la violencia callejera en victorias políticas. Si este ciclo de recesión política aumenta, ExxonMobil se verá presionado a tomar medidas por cuenta propia. Al fin y al cabo son los dueños del circo y han invertido recursos que no piensan desperdiciar.

Cierre (en desarrollo)

Según un reporte del medio The Daily Best a principios de abril, altos directivos de ExxonMobil y Shell se reunían en Washington a la espera de que Nicolás Maduro saliera del poder para volcarse en lo inmediato a proyectos de privatización de las reservas petroleras más grandes del mundo. Posiblemente la filtración de Reuters guarda relación con estas reuniones y con las decisiones que allí se habrían tomado.

La agenda de golpe de Estado contra Venezuela no fue decidida por la oposición venezolana sino por la empresa petrolera más grande del planeta; el marco de acción de un Freddy Guevara o Julio Borges está limitado a su condición de subordinados. Si la intervención por delegación fracasa, la intervención directa (a escala económica y financiera) utilizando posiciones de poder y espacios de influencia en el gobierno de EEUU, se ven menos lejanas.

La empresa que verdaderamente ejecuta el grueso de las maniobras (ExxonMobil) cuenta con el Secretario de Estado de EEUU, un portafolio de representantes y senadores de extrema derecha -donde también está incluido Donald Trump- con capacidad de influencia en el Congreso y firmas de cabildeo institucional para hacer de sus intereses políticos y económicos una política exterior estadounidense contra Venezuela.

En Venezuela no sólo se disputa el poder político, sino la organización de una nueva geografía política, financiera y energética a escala continental y planetaria, enmarcada en una elevada pugnacidad política. La caída de Venezuela, para ExxonMobil, es fundamental para que ese disputado centro de gravedad geopolítico se distancie de Rusia y China, tomando el control en la región con mayor cantidad de recursos naturales y energéticos del planeta.

Determinar quién es el adversario es clave para entender a qué nos enfrentamos actualmente
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