Puerto Príncipe.- El partido opositor Fanmi Lavalas llamó a los ciudadanos a librar un ''último combate'' en las manifestaciones de este 18 de noviembre contra el Gobierno de Jovenel Moise, destaca hoy la prensa local.
La plataforma política hace un paralelismo con igual fecha de 1803 cuando se venció la batalla de Vertiere que logró la independencia de Haití y convocó a la población a una movilización general para además de exigir cuentas sobre el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, reclamar la renuncia de la actual administración.
De acuerdo con el activista político Schiller Louidor, quien el pasado mes tuvo una audiencia en la fiscalía por su implicación en la incitación a la violencia en las protestas de octubre, esta manifestación es la última fase de la batalla para derrocar al mandatario haitiano.
El también diputado dijo que no existe un punto de inicio fijo, ni un rumbo particular, sino que todo el país debe movilizarse al unísono.
'El único punto de llegada que cuenta es aterrizar frente al Palacio Nacional para expulsar al presidente Jovenel Moses del poder', dijo el parlamentario.
Esta estructura política fue la misma que pedía emular en octubre los violentos disturbios por el alza del combustible, que terminaron con una veintena de fallecidos, y numerosas pérdidas económicas por el saqueo, quema y destrucción de establecimientos comerciales e instituciones privadas y públicas.
Por su parte, los jóvenes iniciadores del movimiento Petrocaribechallage se distanciaron de esta postura radical.
Sin embargo, anunciaron que continuarán exigiendo que se investigue el desfalco de los fondos de ese programa petrolero, cuya misión era equiparar el acceso al rubro a los países desfavorecidos, y permitirles invertir su escaso presupuesto en políticas sociales.
A este escenario se suma el reciente anuncio gubernamental de un posible aumento en los precios del petróleo y sus derivados a mediano plazo, que, según prometen las autoridades, no afectará al sector del transporte.
Sin embargo, para algunos expertos, la medida puede resultar riesgosa para el Gobierno, que aún no ha recuperado la confianza de la población, tras la crisis socio-política y económica generada a mediados de año.
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