
En tal sentido, Miriam Rodríguez Scott, presidenta de la entidad, abogó por someter a la justicia a quienes incurran en esa práctica, y a su vez, a proceder con un plan nacional de vacunación antirrábico.
“Con esos envenenamientos se está creando un problema medio ambiental y de salud que se va a desbordar, porque esos perros se van a podrir y nosotros no tenemos ayuntamientos para recoger esos perros. De esos animales podridos se van a alimentar moscas, ratones y comenzará un proceso de propagación de otras enfermedades”, dijo.
Entiende necesario que el Gobierno inicie un diálogo con las instituciones protectoras de animales del país para buscar medidas dirigidas a contrarrestar otros posibles casos de rabia.
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